Para una Costa Rica íntegra, sostenible y pacífica será necesario sacar a los ricos del poder

Ernesto Herra Castro

En días resientes el Partido Liberación Nacional, desde hace seis años en la administración de la cosa pública, ha presentado ante la comunidad nacional la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (POLSEPAZ). Esta política es el resultado de un proceso de consulta en el que han participado más de dos mil quinientas personas de diversos sectores y organizaciones sociales del país de las cuales se desprenden 6 líneas específicas de acción: “desarrollo de acciones para superar las condiciones de vulnerabilidad social frente al delito y la violencia; la creación de espacios y condiciones para fortalecer una cultura de paz social y desarrollo humano; la creación de capacidades en las instituciones del Estado para contar con niveles de eficiencia óptimos para garantizar la seguridad ciudadana; el desarrollo de acciones para eliminar las formas más próximas de violencia y victimización; la atención efectiva, reparación y restauración a las víctimas de la violencia y el delito; y la desarticulación de las redes criminales del narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada”.

A partir de la primera de estas tareas es que deseo establecer una discusión inicial.
Lo primero que me gustaría señalar es que en el viraje de modelo económico establecido a partir de la década de los años ochenta, Costa Rica se enrumbó hacia un proceso de mayor integración con la economía planetaria, la cual terminó siendo, en primera instancia, un proceso destinado al mayor enriquecimiento de los grupos de poder económico de la región centroamericana a partir de la privatización de las principales instituciones del Estado y de la consecuente apropiación de las mismas por parte de los grupos anteriormente mencionados. Hoy, estos grupos, articulados política y económicamente entre sí, han logrado consolidar la región centroamericana como aquel espacio geográfico del continente americano donde mayor se acentúan las contradicciones sociales y económicas. Este elemento anterior si bien significa que hoy existe mayor cantidad de pobres en la región centroamericana, también significa que hay un nuevo sector de la población regional que ha logrado consolidar grandes fortunas económicas a partir del vínculo cercano que han establecido con la administración del Estado (léase el texto “globalización, Estado y privatización” de Benedicte Bull). Hoy, los principales grupos de poder económico se han logrado consolidar en toda la región centroamericana a partir de una mayor integración con los principales centros económicos del transnacionalismo financiero. Entre los principales grupos de poder económico regional se pueden mencionar hoy: el Grupo Adoc (El Salvador), Agrisal (El Salvador), Banco Agrícola (El Salvador), Banistmo (Panamá), Cabcorp (Guatemala), Cervecería Centroamericana (Guatemala), Carrion (Honduras), Corporación Supermercados Unidos (Costa Rica), Cressida (Honduras), Cuscatlán (El Salvador), Durman Esquivel (Costa Rica), Sama (Costa Rica), Motta (Panamá), Pellas (Nicaragua), Poma (El Salvador), Taca (El Salvador), Novella (Guatemala).

Si pensáramos tan sólo un momento sobre la primera de las acciones concretas planteadas en la política señalada en un comienzo y con la cual el Partido Liberación Nacional piensa dirigir la política de seguridad durante los próximos diez años, podemos estar seguras y seguros que ninguno de estos grupos deberá pagar mayores cargas tributarias aún cuando esto sería un mensaje contundente hacia la población nacional en el “desarrollo de acciones para superar las condiciones de vulnerabilidad social frente al delito y la violencia”. También podemos estar seguros que en ningún espacio de la presente política el Partido Liberación Nacional ha pensado en establecer mecanismos punitivos y de reinserción en la sociedad a todos aquellos políticos de su partido (y otros, porque tampoco escapan el resto) que haciendo uso incorrecto de una relación de poder utilice vías no aptas para asegurarse un trato diferenciado en procesos judiciales que tenga abiertos (y esto claramente se trata del caso de Rodrigo Arias). Podemos estar seguros y seguras que las cargas tributarias, sólo pensando en el cumplimiento de este primer punto, tampoco afectará a aquellos sectores de la política nacional que controlan, a su antojo, las concesiones de obra pública, el pago de impuestos proporcionales en los espacios denominados “zonas francas”, las cuales al día de hoy siguen desempeñándose en regímenes de exención fiscal que les permite, a diferencia de la población nacional, ser patrones privados subvencionados por el pueblo trabajador costarricense. También podremos estar seguras y seguros que las malas prácticas del pasado, entre las cuales se incluyen pago de consultorías a Magistrados de la Sala Cuarta en el contexto del TLC, abuso del poder y promesas inconclusas en el contexto del TLC y fuera de él (entre las que podemos mencionar oferta de bonos de vivienda, motos BMW, mayores salarios, menor criminalidad, etc.), tampoco han sido elementos contemplados como parte de las acciones concretas que asumirá el Estado con la presente política. Tampoco podremos esperar de parte del Ejecutivo una posición que favorezca las condiciones salariales y laborales de la clase trabajadora. Esto sería como “pedirle peras al olmo”.

Es muy interesante observar como, una vez más, el mismo partido político que nos hundió con todo y barco, piensa en la posibilidad de cumplir tan solo con el primer punto sin pensar en la posibilidad de tocarles a los ricos su bolsa ¿Tendrá esto que ver con que son estos mismos ricos quienes les han financiado sus campañas en el pasado?

Para una Costa Rica íntegra, sostenible y pacífica la primera tarea debe ser sacar a los ricos del poder.