Ningún conflicto fronterizo. El actual es un conflicto burgués.

Ernesto Herra Castro

La Guerra contra el narcotráfico es, desde sus inicios, una guerra perdida. Sin embargo, justifica la intervención militar del ejército de los Estados Unidos en cualquier espacio del continente americano.

A partir de la puesta en marcha de la doctrina Monroe, en el primer decenio del siglo XX, los Estados Unidos se auto asignaron el derecho de intervenir en aquellos países que consideraran “políticamente inestables”, la lucha contra el narcotráfico legitima su presencia imperial en la región centroamericana.

Si bien es cierto, el papel de los Estados Unidos, a través de los principales organismos financieros internacionales, cumplieron un papel fundamental en la aplicación de las políticas macroeconómicas impulsadas por las administraciones Tatcher (1979-1990) y Reagan (1981-1989) durante la década de los años 80 del siglo anterior, los sectores de la burguesía centroamericana tuvieron la principal responsabilidad en el desmantelamiento de las plataformas estatales que en la actualidad han incrementado los índices de pobreza a nivel regional. Sin embargo, el papel de los sectores burgueses de la región centroamericana se enfocó en la articulación plena del conjunto de los países de la región en la dinámica de la acumulación del capital. Para ello se impulsó, por parte de los distintos sectores de la burguesía centroamericana, un proceso basado en la disminución de la importancia que había jugado el trabajo en el producto social, lo cual se desarrolló en base al incumplimiento de los derechos de las y los trabajadores regionales, entre ellos el pago del salario mínimo, el cual ha pauperizado las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora centroamericana, así como ha aumentado las tasas de ganancia de la burguesía regional.

A partir de la integración de la región centroamericana en la dinámica neoliberal, caracterizado por la consolidación de los monopolios y la lapidación definitiva de la libre competencia, el conjunto de los países del istmo se enrumbaron hacia un modelo caracterizado, principalmente, por la expulsión de su población (no es casualidad que el déficit económico de los países centroamericanos se financie, en mayor proporción, por las remesas enviadas por la población emigrante centroamericana en los cuales Nicaragua y Costa Rica son parte de esta realidad).

El contexto de tensión que experimentan estos dos países en la actualidad, no es más que el conflicto entre dos sectores de la burguesía regional centroamericana cuyos intereses se ven confrontados.

La presencia militar de los Estados Unidos en Costa Rica, justificada de manera ilusa como parte de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico, no significa más que el reposicionamiento del imperialismo estadounidense en la región centroamericana. Lo anterior ha dado como resultado la instalación de una base militar en Costa Rica ante la pérdida del control geopolítico que este país ha experimentado durante la última década en América Latina, principalmente en el sur.

Si bien, Nicaragua es un país con una dinámica estatal administrada por un sector de la burguesía claramente integrada con los circuitos de reproducción del capital, no deja de ser cierto que los Estados Unidos invadieron en más de tres oportunidades a este país sólo durante el siglo XX, lo que justifica, aún con las pérdidas ambientales, el cierre del acceso que tiene Nicaragua por el Mar Caribe, vía río San Juan, hacia su territorio.

Los sectores de la burguesía costarricense, beneplácitos históricamente con los intereses del imperialismo estadounidense, llegaron al punto de facturar un millón de dólares diarios provenientes de los Estados Unidos a cambio de facilitar la presencia de contras, militares e inteligencia estadounidense en territorio de Costa Rica durante y después de la Revolución Sandinista. Esto no lo olvidan ni los nicaragüenses ni los sectores burgueses que hoy administran este país. Lo que sí es cierto aquí es que mientras la burguesía costarricense trata de hacer pensar a su población de lo que aquí está en juego es la defensa de la soberanía nacional, de lo que se trata es de defender el proyecto de expansión del imperialismo estadounidense que amenaza abiertamente la seguridad, estabilidad y soberanía nacional de ambos países.

El giro cualitativo que ha dado Costa Rica al permitir convertir su país en una base militar estadounidense urge de la más sincera reacción y movilización de los pueblos de Nicaragua y Costa Rica al margen del conflicto que entrañan los sectores burgueses que hoy administran sus países, principalmente porque seremos los pueblos los que pagaremos las consecuencias de la nefasta política asumida por la administración Chinchilla con el beneplácito del parlamento costarricense.

Ni el pueblo de Costa Rica ni el de Nicaragua tienen porqué intervenir, herirse u ofenderse por el conflicto que experimentan en la actualidad sus gobiernos. Los pueblos de Nicaragua y Costa Rica, hemos demostrado, por más de veinte años, tener capacidad de convivir e intercambiar culturalmente en el ámbito de la solidaridad.

Si el gobierno de Costa Rica quiere defender su soberanía nacional y el medio ambiente debería comenzar por expulsar a las tropas armadas norteamericanas que se afincan hoy en territorio costarricense y que atentan contra la estabilidad entre los pueblos de Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, debería decretar el cierre incondicional del proyecto minero crucitas, ejecutado por Industrias Infinito, por atentar contra la potabilidad del recurso hídrico en la zona norte de este país así como la contaminación de mantos acuíferos del cual también se benefician las y los nicaragüenses.

Ante la actual ofensiva estadounidense en tierra costarricense, el gobierno de Nicaragua debe solicitar la expulsión del ejército estadounidense del territorio costarricense sin condiciones porque esto atenta contra su soberanía. Asimismo, el gobierno de Costa Rica debe expulsar del territorio nacional a las tropas militares estadounidenses que hoy atentan contra su soberanía.

Nicaragüenses y costarricenses debemos tener la capacidad de entender que este no es un problema de nuestros pueblos vecinos y hermanos. Por el contrario, es un problema de dos sectores de la burguesía regional que hoy se confrontan entre sí. Permitamos, con gusto y tranquilidad, que sean los propios sectores de la burguesía binacional quienes se devoren de una vez por todas.