No es el sexo de la presidente el culpable de sus desaciertos, sus horrores y sus concesiones

En días recientes el equipo que administra la cosa pública se ha dejado decir, por el Ministro de Comunicación, Fernando Chacón, y el de Planificación, Roberto Gallardo, que las críticas a la presidenta tienen un claro componente machista. Ante estos señalamientos me parece oportuno externarle algunos elementos al Ministro Gallardo, principalmente porque es hasta este punto, el último año de gobierno, que logra hacer un señalamiento que tiene mucho de verídico y que es compartido por un sector de la sociedad costarricense. Sin embargo, sería interesante y responsable que nos dieran ustedes un balance del porqué de este comportamiento. Dado que han obviado esta responsabilidad, por tratar de meter a todas y todos los costarricenses en un mismo saco, el saco “machista”, del cual parecieran salirse sólo las y los que le bajan la cabeza al gobierno, a OAS, a las y los verdiblancos, se han conformado con emitir un juicio de valor sin sustento explicativo.

Por primera vez desde que comenzó el último de los calvarios populares, tras haber ganado las elecciones presidenciales del 2010 la maquinaria electoral verdiblanca, concuerdo con el Ministro Gallardo de que los señalamientos a la triste, inmoral y trinquetera gestión del gobierno tienen un acentuado componente machista. Refrescándole la memoria al Ministro en cuestión, es importante que él reconozca y tenga claro que para comenzar han sido precisamente los integrantes de este gobierno quienes no sólo han incrementado las condiciones paupérrimas de vida de la clase trabajadora, integrada principalmente por mujeres, sino que aún cuando la presidente es mujer esto en ningún momento ha significado que su gobierno atienda los problemas de las mujeres, a excepción de aquellas que componen el sector patronal ligado con actividades trasnacionales.

Este gobierno, ha estado preocupado en los problemas de la burguesía más no en los problemas del conjunto del país. Con sus trochas, sus platinas, sus consultorías en el MEP, las armas robadas al MOPT, el "olvido" del titular de Hacienda, exministro Fernando Herrero, de pagar los impuestos respectivos, con su lógica de concesionar el país al mejor postor, entre tantos otros actos antipatrióticos que podrían ser señalados, han dejado claro que su interés ha sido estrictamente personalista y que están decididos a obtener réditos a toda costa aún cuando esto signifique dejar este país en la ruina. De esto no tiene responsabilidad la presidente por ser mujer, la tiene todo un equipo que con recetas económicas impuestas al conjunto de la nación no dio pie en bola más que para concretar intereses cada vez más claros para el conjunto de la nación. El señor Gallardo, el señor Chacón y el resto de hombres que integran hoy este desatinado gobierno, son también responsables de la miopía y el dogmatismo economicista que prevalece en el escenario costarricense y del porqué hoy, un sector de la sociedad nacional, ha pensado que el problema de fondo, y señalado por el propio gobierno, es el sexo de la presidente y no el fanatismo economicista, por decirlo de una forma sutil, que les orienta.

No sólo los principales centros de la economía capitalista dejan claro hoy que la lógica que los sostiene, además del abrumante movimiento de capital especulativo, sigue siendo el traslado de la riqueza socialmente producida por el sector trabajador a la burguesía, o dicho de otra forma por el saqueo y la explotación de las y los trabajadores por un sector minoritario de la sociedad mundial, sino que ni siquiera se dignan hoy en cumplir con las responsabilidades sociales, de carácter impositivo, a escala planetaria lo que ha permitido verles a la cara sin careta alguna. Eso les molesta tanto que intentan desviar la atención de sus desaciertos totalizando al conjunto de la sociedad costarricense como machista. ¡Qué ironía!

Si los señalamientos y críticas al gobierno en este momento son machistas es porque este gobierno ha quedado sin máscara, y porque de manera equivocada e irresponsable un sector de la sociedad costarricense ha ligado, en términos discursivos, el papel de la presidente con su sexo. Pensar de esta forma incita una actitud sociópata que complica, aún más, el papel de la mujer en el escenario político nacional. Si la percepción de la población costarricense (87% en el mes de Marzo de 2013 según Unimer) califica la labor de la presidente de mala o regular es porque la presidente ha conformado uno de los peores equipos de la historia reciente de este país. Si esto ha sido así es porque entre otras cosas la presidente asume con naturalidad la explotación y el saqueo de las y los trabajadores, la pérdida de soberanía nacional ante el capital transnacional o la abrumante deuda que mantienen el sector público y privado con la Caja de Seguro Social, que es la forma en cómo las y los nuevos ricos en Costa Rica han hecho su fortuna, no porque hacerlo así sea producto de su sexo.

Si hay algo en lo que el movimiento social costarricense pueda revertir esta noción sociópata es que sus filas se nutren de decenas, cientos, miles de mujeres (no cuatro gatos como pensó en algún momento el Ministro de Transportes Pedro Castro) que llenan de orgullo, fuerza, esperanza y rebeldía a este país. Ustedes compañeras engrandecen este país con su valentía y su coraje. Ser mujeres no las liga con la actitud dogmática, excluyente y explotadora del partido Liberación Nacional, aún cuando compartan el sexo de la presidente.

Si está el gobierno tan preocupado por la descomposición que ha generado su equipo a la imagen de la mujer en nuestro país, deberían reconocer, como gobierno, que ha sido su miopía, su religiosidad economicista y su abandono a los problemas de la nación los que ahora pasan factura a cada mujer en el territorio nacional aún cuando no sean liberacionistas.

Sería una actitud responsable y quizá hasta honrosa ver al actual gobierno pedirle perdón al país por su incapacidad de dirigirlo, limpiando un poco la imagen de que es el sexo de la presidente el culpable de sus desaciertos, sus horrores y sus concesiones. 

Cada lucha social es también mi lucha

Durante las últimas semanas, meses, años incluso, hemos sido testigos y cómplices, de cientos de manifestaciones sociales que agitan el escenario nacional. Testigos y cómplices porque en última instancia, cada una de las manifestaciones que se han generado desde los diversos movimientos sociales en Costa Rica son luchas del todo nuestras. 

La reivindicación de la comunidad homosexual, lésbica, transexual por ser reconocidos como sujetos, como humanos, como costarricenses con derechos plenos recuerda, de alguna forma, la discusión colonial respecto de si las y los “indígenas” americanos tenían alma, y si por lo tanto eran o no humanos. La lucha que emprende esta comunidad no pasa, en ningún momento, por si en lo particular yo soy o no heterosexual, pasa por la dignificación de una comunidad amplia, heterogénea, pero sobre todo valiente que intenta, contra el orden instaurado, ser reconocidos. Esa lucha, compañeras y compañeros, es también mía. 

La reivindicación de las y los estudiantes universitarios por el libre acceso al conocimiento a través del fotocopiado, es, sin duda, una lucha que podría parecer “ilusa”, ya que los centros de fotocopiado siguen abiertos y haciendo copias de los “textos prohibidos”. Sin embargo, más allá del contexto, el acceso futuro a los textos por parte de las y los jóvenes universitarios, colegiales y excluidos del sistema educativo, que hoy son la mayoría, es, sin duda, una lucha digna y honesta por ver más allá del árbol y enfocarse en el bosque, uno que de por sí ya está muy erosionado y de donde salen hedores pestilentes de color verde y blanco. Esa lucha, compañeras y compañeros, es también mía. 

La reivindicación de las y los jóvenes, trabajadoras y trabajadores, vecinas y vecinos de nuestro país que no tienen otra instancia médica para atender su salud que la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy tan maltrecha producto del negocio fraudulento que las distintas administraciones de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional han establecido alrededor de ella exponiendo la vida de las y los costarricenses, no es más que el reflejo del creciente descontento popular que se enfoca hacia un grupo de tagarotes que no tiene el mínimo reparo de ver morir a su compatriota si sabe que de esta muerte va a obtener réditos económicos. La dignidad, el enojo y la movilización de aquellas y aquellos que defienden la seguridad social en Costa Rica, es, compañeras y compañeros, también mi lucha. 

La defensa de los ríos y montañas, de los pájaros y flores que alberga este pedacito de tierra en el que nacimos es la posibilidad futura no sólo para las y los costarricenses, sino para la propia especie humana, que hoy, a diferencia del pasado, cuenta con mayores dificultades para suplir necesidades de agua potable o enfrentar los embates del cambio climático. Por ello, un grupo creciente de personas, alrededor de todo el país, ha estado enfrentando la degeneración ambiental a la que se ha expuesto nuestro país producto del acelerado desarrollo de proyectos inmobiliarios y extractivos que ha puesto en riesgo la flora y fauna nacional y planetaria. Esa defensa ambientalista parte del reconocimiento del otro, en este caso el medio ambiente, como sujeto que da posibilidad innegable a nuestra propia existencia. Por eso, compañeras y compañeros, la lucha ambiental también es mi lucha. 

En un tiempo en que la dinámica de la economía-mundo capitalista demuestra con evidente fractura su declive, su imagen más nefasta a través de la tortura, el asesinato y el saqueo de diversas culturas y pueblos alrededor del mundo, es imperativo que hagamos de cada una de las luchas antisistémicas nuestras luchas, principalmente, porque si el capitalismo se está cayendo habrá que hacerle peso para que se termine de caer. Sin embargo, el inmenso reto será lograr construir es “otra sociedad posible”, porque tampoco es garantía de que el mañana será mejor. Por eso, compañeras y compañeros, cada lucha social que se extiende dentro y fuera de nuestro país es una oportunidad para crecer en ilusión, en capacidad creativa y en organización. Por eso, cada lucha social, dentro y fuera de Costa Rica es sin duda, compañeras y compañeros, también mi lucha.

¿Qué quieren decir ahora los que históricamente no han dicho nada? Incoherencias discursivas de la industria (des)informativa nacional respecto de la ley “moradaza”

Recuerdo, con abierto resentimiento, el papel deshonesto y antipatriota de canal 7, Repretel, Informe 11, CN 11, la “nazión” y algunas cápsulas noticiosas que transmitieron otros medios de comunicación a lo largo del contexto del referéndum del TLC, con acento mayúsculo durante lo que se suponía debía ser la “tregua” publicitaria. No sólo los recuerdo a ellos, sino también al silencio cómplice del Colegio de Periodistas de Costa Rica que en medio de este proceso asumió una posición política abierta, y lo anterior lo digo sustentado en el principio que el silencio también fue un voto afirmativo para el sector empresarial y político interesado en que este tratado, por el que ahora estamos pagando quienes vivimos de nuestra fuerza de trabajo, fuese aprobado a toda costa. En medio de este proceso, lleno de tantos vicios, el TLC con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana fue aprobado a golpe de tambor. Lo que no previó la industria (des)informativa nacional fue, precisamente, que en política, quien se alía con el diablo, más temprano que tarde, sale trasquilado. Me resulta risorio e incomprensible ver, al mismo sector de la industria (des)informativa costarricense reclamar ahora porque los dejen decir lo que tantas veces han callado. Aún, cuando en Costa Rica la desinformación es nuestro pan de cada día, la industria (des)informativa nacional ahora pretende hacernos creer que son ellos, los deshonestos medios de (des)información, los que nos van a dar la posibilidad de informarnos y, que si no fuera por su trabajo, las y los costarricenses no tendríamos acceso a la “verdadera” información. No festejo, bajo ningún pretexto, el interés coercitivo y cínico con el que el mismo sector empresarial que no paga impuestos al país y que está estrechamente vinculado con los partidos Liberación Nacional y el Movimiento Libertario, ha impuesto el silencio, la ignorancia mediática y generalizada al pueblo costarricense. Este silencio, más parecido a la estupidez, como diría Martí, le permitirá a los “consultores” y “asesores” del gobierno y al sector del empresariado transnacional, continuar “firmes” y ¿honestos? con sus trochas, sus puentes maltrechos, sus negocios malhabidos a costas del esfuerzo de quienes vivimos de nuestra fuerza de trabajo. Hoy, somos testigos de uno de los momentos más críticos de la disminución de las libertades del pueblo costarricense. Lo que resulta interesante es ver, a quienes se aliaron y piensan como el patrón, reclamar porque les devuelvan la voz que ellos mismos no han querido ejercer. Hoy, quienes con sus combates, sus siete estrellas, sus buen días, sus giros, sus tía Zelmiras y demás programas idiotizantes cargados de un alto contenido ideológico capitalista, norcéntrico y eurocéntrico, quieren hacernos pensar que será por la ley “mordaza” que no podrán informarnos en adelante. Por favor señores y señoras de la industria (des)informativa costarricense, pónganse serias y serios, su trabajo nunca se ha destacado por un periodismo de calidad o responsable salvo por muy pocas excepciones.

¿Cuál será la gota que colme el vaso?

Durante los últimos 30 años, y cada vez de forma más escalonada, la dinámica de la economía-mundo capitalista ha dejado en evidencia que lo que hoy día se califica como “crisis económica” no es más que un elemento consustancial a la propia esencia del capitalismo.

A través de sus cinco siglos de existencia, el capitalismo ha experimentado diversas fases de expansión económica, generalmente asociadas con dinámicas de repartos coloniales, anteriores al siglo XIX y posterior a él de repartos imperialistas, con los cuales los países europeos y posteriormente los Estados Unidos, lograron ensanchar sus circuitos de reproducción capitalista a base de la apropiación de inmensos contingentes de materias primas, principalmente en las zonas agrícolas del planeta, y la explotación de la fuerza de trabajo de aquellos espacios geográficos sobre los que se habían posicionado. Si bien, durante estos ciclos de “bonanza” capitalista los propios sectores obreros experimentaron un incremento en el ingreso familiar, en ningún momento del desarrollo histórico capitalista se modificaron las relaciones de explotación que da sentido a la privatización de la riqueza socialmente producida sobre la base de la extracción de plusvalía, por un lado, y sobre el cobro de intereses usurarios a los préstamos que contrajeron los países pobres con los principales centros imperialistas, por el otro.

Posterior a la Revolución Francesa de 1789, el triunfo del discurso democrático burgués le permitió a un reducido sector de la sociedad europea hacerse con el control de los aparatos productivos, económicos y políticos, garantizándole a la burguesía una posición privilegiada respecto de la administración de la cosa pública a partir de entonces.

No fue otra la suerte que experimentó nuestra región. Centroamérica se anexó a la dinámica de la economía-mundo capitalista como una reacción afirmativa de quienes no vieron en la independencia administrativa de España más que la posibilidad de incrementar su poder económico y político a través de la explotación de su propio pueblo y de la manipulación político-electoral que no ha tenido relación alguna con la posibilidad de construir procesos democráticos. Aquí lo que se ha manifestado, más bien, ha sido todo lo contrario.

Tanto en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala la imposición vertical del orden oligarca ha sido la que ha puesto un sello particular sobre los procesos de conformación de nuestros propios Estados nacionales así como de las dinámicas de administración del poder. Estas dinámicas de administración del poder están articuladas, históricamente, con la desaparición de los territorios indígenas centroamericanos (ejidos comunales) y de su apropiación por parte de los sectores oligarcas que siguen controlando los aparatos políticos de la región centroamericana quienes, igual que ayer, mantienen al “progreso” o, quizá algo más amorfo, al “desarrollo” en el centro de un discurso tan vacío como las arcas del Estado que se han dedicado a desfalcar a lo largo de su conformación histórica.

Hoy, a diferencia de los diversos ciclos de “bonanza económica” que experimentó el capitalismo en el pasado, lo que las distintas sociedades del planeta incorporadas en la economía-mundo capitalista experimentan, son las repercusiones del colapso capitalista, el cual socavó las bases del Estado Social y sus instituciones durante los últimos 30 años, desestabilizó y minó las posibilidades de impulsar proyectos democráticos, masificó los imaginarios colectivos de éxito y los unificó con la noción de la propiedad privada. Como si fuese poco hoy, la agenda político-económica de los principales centros imperialistas, han definido en los bancos, al margen de lo establecido en el derecho internacional, el futuro económico de países como Grecia (pronto Portugal y España) y con ello la vida misma de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores alrededor del mundo. Esto lo lograron apostando el futuro de las naciones en las mismas maquinas financieras que, tras haber quebrado al sistema recién iniciando la primera década del siglo XXI, hoy se consolidan como los principales referentes económicos del capitalismo financiero. Irónicamente quienes lo perdieron todo son más ricos hoy que antes (un ejemplo son los bancos Goldman Sachs, Wells Fargo o HSBC, con la cual mantiene una interesada cercanía el segundo vicepresidente de la República Luís Liberman).

Mientras las maquinaciones financieras generadas por los ideólogos liberales le arrebatan en la actualidad la autonomía y la soberanía nacional a Grecia y pronto a otros países del sur de Europa, los principales bancos privados europeos y estadounidenses, así como sus representantes políticos en Europa han logrado imponer su política como la política oficial ¿Legal? Por supuesto, son los ricos quienes han hecho la política y los promotores de la “crisis”. ¿Inmoral? Preguntémosle a Figueres.

Mientras que en el escenario internacional las y los trabajadores exigen responsabilidad, honestidad y solidaridad tributaria para las empresas e instancias irresponsables, en el contexto nacional ni las Zonas Francas, ni la embajada de los Estados Unidos o el Ministro de Hacienda cumplen con sus obligaciones impositivas. Aún pero, se han encargado de reducir al Estado en un centro de negocios en el cual participa el mismo sector que se ha dedicado, de manera pujante, en posicionar el discurso del desarrollo, el progreso y el libreo Comercio. De no ser así al partido Liberación Nacional no le saltaría la liebre en cada negocio espurio que fabrica (el más reciente es el del negocio que montó Fernando Herrero, exministro de Hacienda, y su esposa, Flor Isabel Rodríguez, con el amparo del Ministro de Educación, Leonardo Garnier). Lo más grave del caso es que mientras esto pasa, los costos de las pérdidas se las pretenden endosar, vía legal, a las y los trabajadores por medio de la “Reforma Fiscal”.

En medio de las maquinaciones financieras que se extienden a lo largo y ancho del planeta, el ámbito local también manifiesta sus propias luchas internas. Porque una cosa es tener claridad de que existe un minúsculo sector de nuestro país que administra la cosa pública y otra saber que el desprestigio y la ilegitimidad política con la que se intenta ejercer un poder inexistente brinda la oportunidad política de cohesionar esfuerzos para arrebatarle el gobierno a quienes no han demostrado el mínimo respeto y solidaridad por el pueblo de Costa Rica.

Y es que el tema de la organización política en Costa Rica no se muestra hoy como una posibilidad. En la medida que quienes hoy gobiernan se mantengan haciéndolo en el corto y mediano plazo, la condición de endeudamiento en el país podría desencadenar una persecución empresarial-financiera que culmine por imponer la lógica de lo que la presidenta alemana Angela Merkel ha denominado recientemente como “democracia en conformidad con el mercado”, la cual pretende mantener, en apariencia, las instituciones nacionales de los Estados pobres “pero cede a la potencia protectora su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior” (Ramonet, 2011). Es decir, la respuesta de los principales sectores económicos del planeta respecto del contexto del descalabro capitalista ha sido la de alargar lo más posible la agonía, lo que significa, por supuesto, minar la libre autodeterminación de los pueblos empobrecidos, su soberanía, sus instituciones, su materia prima y su fuerza de trabajo aún cuando no pueden ocultar la responsabilidad de los bancos respecto de la actual “crisis” que atraviesa el capitalismo a escala planetaria.

Mientras esto sucede en el contexto europeo, la reforma fiscal propuesta por el partido Liberación Nacional ha vuelto al punto cero, lo que significa continuar la dinámica de ejecución gubernamental y estatal por la vía del endeudamiento. ¿Hasta cuándo? Quizá hasta garantizar de una vez por todas que las y los trabajadores asuman los costos del déficit impositivo que no quieren ni pretenden pagar las zonas francas y las principales empresas transnacionales en nuestro país. Quizá hasta garantizar que un ente supranacional imponga una nueva política económica en la región centroamericana y el país para garantizar la desaparición de los referentes solidarios de las y los trabajadores costarricenses para así, de plano, privatizar lo que hasta la fecha le sigue perteneciendo al pueblo de Costa Rica. Un tercer escenario posible es el de la organización política-popular para desterrar a quienes han llevado al país hacia la debacle con el único propósito de garantizar formas cada vez más obscenas de enriquecimiento personal vía la administración del Estado. Sin embargo, esto está por verse.

Lo cierto del caso es que mientras no haya estrategias de organización político-popular para enfrentar los distintos problemas que saltan a la luz pública en la mayoría de las comunidades de nuestro país, quienes se han adueñado de la institucionalidad nacional continuarán por la vía descrita arriba en este documento. Sin embargo, debo reconocer que aún cuando soy optimista respecto del escenario nacional e internacional, no termino por descifrar cuál será la gota que colme el vaso.

Referencia bibliográfica: Ramonet, Ignacio (2012) Nuevos protectorados. Le monde diplomatique. N. 109. Colombia.

Ni al par de policías de la canción de Julieta les robaron tanto

Ernesto Herra Castro*

Resulta impresionante, quizá hasta risorio, que el mismo grupo que gobierna la cosa pública con el más cínico interés personal no pueda, en la realidad, ni administrar una pulpería. Y es que, ni al par de policías de la canción de Julieta les robaron tanto.

El reporte periodístico contabiliza un total de 215 armas robadas al pueblo de Costa Rica, las cuales iban destinadas, en teoría, a las y los oficiales de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se ubicaban en una de las bodegas de esta institución. Lo curioso del caso es que, aún cuando el Ministro de este ramo ha expresado manifestaciones de rechazo con este hecho particular, no ha tenido la cordura, el decoro, la honestidad, la valentía o el coraje de renunciar a su cargo por el bien del mismo país del que forma parte. Hoy, las 215 armas robadas al MOPT, algunas de ellas en apariencias recuperadas, engrosan la lista de las armas disponibles en el mercado ilegal.

Pero ¿cómo pedirle que renuncie a quien ha fungido como uno de los principales promotores de la privatización de la cosa pública en nuestro país en los últimos años? Es importante señalar que el señor Francisco Jiménez, más allá de su cargo como ministro, fue ungido por los hermanos Arias desde el gobierno anterior para impulsar la privatización de JAPDEVA, colaborar con el “golpe de Estado” ejercido contra la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA o, incluso, tratar con benevolencia paternalista, o quizá con demostrada cercanía, al accionista mayoritario de Autopistas del Sol S.A (FCC Construcción Costa Rica S.A), quien en ningún momento ha enfrentado un solo proceso sancionatorio por haber incumplido los tiempos de entrega de las obras de infraestructura, incluido puentes peatonales cuya responsabilidad pretende que ahora asuma el Estado, e incluso poner en peligro la vida de las y los costarricenses. Lo curioso del caso es que aún cuando ha sido comprobado por el diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán, que en la campaña política recién pasada este grupo económico le donó al partido Liberación Nacional once millones de colones, colocados en bonos clase b, en este país no pasa nada.

Las 215 armas que ha puesto el partido Liberación Nacional al alcance del crimen organizado es uno de las más claras manifestaciones de que Costa Rica, de la cual ellas y ellos también forman parte, no les interesa un comino. Si le interesara habría velado, desde las administraciones anteriores, por que la Caja Costarricense de Seguro Social tuviese buena salud. Aún así, podría interesarse ahora, sin embargo, ha permitido una declaratoria de “amnistía” al cobro de la deuda contraída por patronos morosos que pone en serio peligro la estabilidad económica y estructural de dicha institución.

Con el robo de las 215 armas, el partido Liberación Nacional ha dejado claro que tanto los recursos económicos del Estado como la vida de las y los costarricenses no es un tema de su preocupación. Si esto no fuese así no habría aprobado la actitud antipatriota del expresidente José María Figueres Olsen al embolsarse cerca de novecientos mil dólares (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cincuenta mil colones al tipo de cambio del 6 de febrero del año en curso) por “consultorías” realizadas aprovechando sus vínculos con el poder político nacional. Tampoco cuestionaría la decisión soberana y democrática del pueblo de Pérez Zeledón al destituir al alcalde de dicho cantón, o no permitiría que se caigan puentes con estudiantes y resolvería oportunamente los puentes inconclusos, al estilo “la platina”, que hoy se acumulan en decenas de comunidades.

Si nosotras y nosotros, el pueblo de Costa Rica tuviésemos un mínimo de decoro, exigiríamos la renuncia del señor Jiménez, ofreciéndole, a su vez, un curso de aprendiz de pulpero, para que quizá, al lado de las y los trabajadores, aprenda a apreciar el trabajo ajeno y lo que nos cuesta al resto ganarnos los frijoles. Al partido Liberación, o a lo que queda de él ¿qué pedirle? Quizá, que al menos, no se gaste la plata entre champaña, avionetas y helicópteros.

* Sociólogo

Ningún conflicto fronterizo. El actual es un conflicto burgués.

Ernesto Herra Castro

La Guerra contra el narcotráfico es, desde sus inicios, una guerra perdida. Sin embargo, justifica la intervención militar del ejército de los Estados Unidos en cualquier espacio del continente americano.

A partir de la puesta en marcha de la doctrina Monroe, en el primer decenio del siglo XX, los Estados Unidos se auto asignaron el derecho de intervenir en aquellos países que consideraran “políticamente inestables”, la lucha contra el narcotráfico legitima su presencia imperial en la región centroamericana.

Si bien es cierto, el papel de los Estados Unidos, a través de los principales organismos financieros internacionales, cumplieron un papel fundamental en la aplicación de las políticas macroeconómicas impulsadas por las administraciones Tatcher (1979-1990) y Reagan (1981-1989) durante la década de los años 80 del siglo anterior, los sectores de la burguesía centroamericana tuvieron la principal responsabilidad en el desmantelamiento de las plataformas estatales que en la actualidad han incrementado los índices de pobreza a nivel regional. Sin embargo, el papel de los sectores burgueses de la región centroamericana se enfocó en la articulación plena del conjunto de los países de la región en la dinámica de la acumulación del capital. Para ello se impulsó, por parte de los distintos sectores de la burguesía centroamericana, un proceso basado en la disminución de la importancia que había jugado el trabajo en el producto social, lo cual se desarrolló en base al incumplimiento de los derechos de las y los trabajadores regionales, entre ellos el pago del salario mínimo, el cual ha pauperizado las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora centroamericana, así como ha aumentado las tasas de ganancia de la burguesía regional.

A partir de la integración de la región centroamericana en la dinámica neoliberal, caracterizado por la consolidación de los monopolios y la lapidación definitiva de la libre competencia, el conjunto de los países del istmo se enrumbaron hacia un modelo caracterizado, principalmente, por la expulsión de su población (no es casualidad que el déficit económico de los países centroamericanos se financie, en mayor proporción, por las remesas enviadas por la población emigrante centroamericana en los cuales Nicaragua y Costa Rica son parte de esta realidad).

El contexto de tensión que experimentan estos dos países en la actualidad, no es más que el conflicto entre dos sectores de la burguesía regional centroamericana cuyos intereses se ven confrontados.

La presencia militar de los Estados Unidos en Costa Rica, justificada de manera ilusa como parte de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico, no significa más que el reposicionamiento del imperialismo estadounidense en la región centroamericana. Lo anterior ha dado como resultado la instalación de una base militar en Costa Rica ante la pérdida del control geopolítico que este país ha experimentado durante la última década en América Latina, principalmente en el sur.

Si bien, Nicaragua es un país con una dinámica estatal administrada por un sector de la burguesía claramente integrada con los circuitos de reproducción del capital, no deja de ser cierto que los Estados Unidos invadieron en más de tres oportunidades a este país sólo durante el siglo XX, lo que justifica, aún con las pérdidas ambientales, el cierre del acceso que tiene Nicaragua por el Mar Caribe, vía río San Juan, hacia su territorio.

Los sectores de la burguesía costarricense, beneplácitos históricamente con los intereses del imperialismo estadounidense, llegaron al punto de facturar un millón de dólares diarios provenientes de los Estados Unidos a cambio de facilitar la presencia de contras, militares e inteligencia estadounidense en territorio de Costa Rica durante y después de la Revolución Sandinista. Esto no lo olvidan ni los nicaragüenses ni los sectores burgueses que hoy administran este país. Lo que sí es cierto aquí es que mientras la burguesía costarricense trata de hacer pensar a su población de lo que aquí está en juego es la defensa de la soberanía nacional, de lo que se trata es de defender el proyecto de expansión del imperialismo estadounidense que amenaza abiertamente la seguridad, estabilidad y soberanía nacional de ambos países.

El giro cualitativo que ha dado Costa Rica al permitir convertir su país en una base militar estadounidense urge de la más sincera reacción y movilización de los pueblos de Nicaragua y Costa Rica al margen del conflicto que entrañan los sectores burgueses que hoy administran sus países, principalmente porque seremos los pueblos los que pagaremos las consecuencias de la nefasta política asumida por la administración Chinchilla con el beneplácito del parlamento costarricense.

Ni el pueblo de Costa Rica ni el de Nicaragua tienen porqué intervenir, herirse u ofenderse por el conflicto que experimentan en la actualidad sus gobiernos. Los pueblos de Nicaragua y Costa Rica, hemos demostrado, por más de veinte años, tener capacidad de convivir e intercambiar culturalmente en el ámbito de la solidaridad.

Si el gobierno de Costa Rica quiere defender su soberanía nacional y el medio ambiente debería comenzar por expulsar a las tropas armadas norteamericanas que se afincan hoy en territorio costarricense y que atentan contra la estabilidad entre los pueblos de Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, debería decretar el cierre incondicional del proyecto minero crucitas, ejecutado por Industrias Infinito, por atentar contra la potabilidad del recurso hídrico en la zona norte de este país así como la contaminación de mantos acuíferos del cual también se benefician las y los nicaragüenses.

Ante la actual ofensiva estadounidense en tierra costarricense, el gobierno de Nicaragua debe solicitar la expulsión del ejército estadounidense del territorio costarricense sin condiciones porque esto atenta contra su soberanía. Asimismo, el gobierno de Costa Rica debe expulsar del territorio nacional a las tropas militares estadounidenses que hoy atentan contra su soberanía.

Nicaragüenses y costarricenses debemos tener la capacidad de entender que este no es un problema de nuestros pueblos vecinos y hermanos. Por el contrario, es un problema de dos sectores de la burguesía regional que hoy se confrontan entre sí. Permitamos, con gusto y tranquilidad, que sean los propios sectores de la burguesía binacional quienes se devoren de una vez por todas.

La mano oscura de los hermanos Arias

Ernesto Herra Castro

Mucho ha padecido Costa Rica bajo la mano oscura de los hermanos Arias. El primer golpe lo experimentó durante la década de los años ochenta con la implementación de los Proyectos de Ajuste Estructural que recortaron, sistemáticamente, la posibilidad de realizar inversión en el sector público, específicamente en salud, educación, vivienda, cultura e infraestructura. No es casualidad que hoy nuestro país tenga tantas deficiencias en cada uno de los campos anteriormente señalados.

El segundo golpe lo experimentó también durante la primera gestión del presidente Arias en la Guerra Centroamericana de la cual, con el costo de la sangre del pueblo salvadoreño y nicaragüense, principalmente, se hizo acreedor de un premio Nobel de la paz, que culminó siendo un reconocimiento de las principales potencias económicas del capitalismo metropolitano por garantizarles la posibilidad de establecer cedes de sus principales empresas en la región aún cuando esto significase negociar la traición de las dirigencias revolucionarias centroamericanas con sus bases sociales.

El tercer golpe de los hermanos Arias contra la institucionalidad democrática costarricense fue durante el proceso impulsado por ellos mismos para garantizar la reelección en Costa Rica. Aún cuando el único poder de nuestro país que puede modificar el texto de nuestra máxima carta de entendimiento, la Constitución Política, es el Poder Legislativo, los hermanos Arias, basados en procesos espurios y fraudulentos, garantizaron la modificación de la Constitución Política a manos de la Sala Cuarta, la cual se ha confirmado, a través de los cables de wikileaks, ha actuado de manera muy cercana a los intereses de los hermanos Arias. Según lo anterior no es difícil comprender cómo el artículo 132 de nuestra Constitución Política siga prohibiendo la reelección presidencial pero que contenga una nota al pie, establecido por la Sala Cuarta a solicitud del expresidentes Arias, donde se permite la reelección como si se tratase de cualquier sorteo televisivo donde en letras muy pequeñas se puede descifrar un “se aplican restricciones”.

Un cuarto golpe rotundo de los hermanos Arias contra la institucionalidad democrática lo ubicamos en el proceso fraudulento del referéndum del TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el cual fue orquestado por la Embajada de los Estados Unidos y Casa presidencial, confirmado hoy por los cables de wikileaks.

Hoy el hermano menor de los Arias, en su ansiada carrera por satisfacer una vez más su sed de poder, ha desentramado la institucionalidad democrática de nuestro primer poder de representación popular. Lo hace a base de triquiñuelas e, incluso, en contra de su propio partido, el cual se encuentra hoy fraccionado casi a la mitad en la Asamblea Legislativa. Digo “casi” porque aún cuando la señora Laura Chinchilla ha sido electa como presidente de Costa Rica, buena parte de las y los diputados liberacionistas del congreso responden a los intereses de Arias cuyo principal testaferro lo podemos ubicar el Víctor Hugo Víquez.

Lo ocurrido el primero de mayo en este país es un intento más del Partido Liberación Nacional por hacer lo que tantas veces en el pasado ha hecho: triquiñuelas. Sin embargo, esta vez el país lo ha visto televisado y en vivo a lo largo y ancho del territorio nacional. Quisieron, en ausencia de quórum, sin discusión, debate y al margen de los procesos reglamentados por la propia Asamblea Legislativa y la Constitución Política, sembrar a Villanueva como presidente del parlamento. Lo más serio del caso es que lo hicieron.

El primero de mayo de 2011 será recordado por las y los costarricenses que vivimos la marcha del día del trabajador como el día en que el partido Liberación Nacional le dio un golpe de Estado técnico a nuestro primer poder de la República, sin importar que en este país, aún con sus limitaciones evidentes, las y los costarricenses también deciden.

El golpe de Estado técnico que experimentamos las y los costarricenses este primero de mayo sólo fue revertido por la presión que experimentó este fraudulento partido por la población trabajadora que se encontraba postrada fuera de la Asamblea Legislativa exigiendo la salido de Villanueva.

El lunes 2 de mayo, no sólo amanecimos sin un directorio para el Congreso, sino que hemos amanecido con una combinación de sentimientos que oscilan entre el triunfo, de haber logrado sacar a Villanueva de su intento golpista, y la derrota, por saber que esta serie de mecanismos no cesarán en Costa Rica a menos que desaparezcan las malas prácticas a las que tanto están acostumbrados el Partido Liberación Nacional y los hermanos Arias.

Quizá, esta sensación de triunfo deba prevalecer en la lucha activa de las y los trabajadores por enfrentar los vestigios de la herencia oligárquica que permanecen aún en Costa Rica. Quizá, en un futuro próximo, seamos las y los trabajadores, y no los empresarios, que gobernemos Costa Rica.